La disposición
final segunda de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, establece que el Gobierno, en el plazo máximo de seis
meses desde la entrada en vigor de dicha reforma, procederá a modificar
el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto
13/1992, de 17 de enero, para adecuarlo a las modificaciones contenidas
en dicha reforma. Este real decreto trasciende dicho mandato legislativo,
pues aparte de su cumplimiento, la magnitud de las reformas que precisa
el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto
13/1992, de 17 de enero, aconseja la promulgación de uno nuevo, en
el que además se refundan las modificaciones anteriores efectuadas
por el Real Decreto 116/1998, de 30 de enero, que adaptó el Reglamento
General de Circulación a la Ley 5/1997, de 24 de marzo, también
de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, como, asimismo, el Real Decreto
1333/1994, de 20 de junio, y el Real Decreto 2282/98, de 23 de octubre,
que modificó el Reglamento General de Circulación en materia
de alcoholemia. Al hilo de la adaptación del
nuevo texto a la Ley 19/2001, no sólo se introducen normas en materia
de ciclismo y se contemplan nuevas infracciones o se varía
la calificación de otras, como es el caso del uso de dispositivos
de telefonía móvil o la circulación en sentido contrario,
respectivamente, sino que también se modernizan otros preceptos en
armonía con una nueva concepción de la gestión del
tráfico que dispone de medios técnicos de regulación
de la circulación que la norma ha de hacer plenamente operativos.
En materia de ciclismo debe señalarse que la
Ley 43/1999, de 25 de noviembre, sobre adaptación de las normas de
circulación a la práctica del ciclismo, efectuó una
importante reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que, a
su vez, ha resultado afectada por la Ley 19/2001, a cuya promulgación
ha habido que esperar para efectuar un extenso desarrollo reglamentario,
que ahora lleva a cabo. Ello ha llevado también a revisar
y actualizar todo el sistema de señalización, adaptándolo
a los avances en los criterios de utilización generalizados en los
países de nuestro entorno, mejorando la concordancia entre la normativa
de tráfico y la de carreteras a este respecto. En el anexo I se representan
gráficamente las señales. En el anexo
II se regulan las pruebas deportivas, las marchas ciclistas y otros eventos,
hasta ahora reguladas por el artículo 108 y el anexo 2 del Código
de la Circulación, preceptos que es preciso derogar reordenando las
pruebas deportivas en torno al artículo 55 del Reglamento General
de Circulación, que trata de las carreras, concursos, certámenes
u otras pruebas deportivas. Destaca la competencia de las comunidades autónomas
para autorizar la celebración de pruebas deportivas por vías
interurbanas de su ámbito territorial, habida cuenta que tienen asumida
y traspasada la competencia en materia de espectáculos públicos
en general, carácter del que participan las pruebas deportivas, cuya
singularidad e incidencia en la seguridad vial se salvaguarda a través
de un informe vinculante, que emiten con carácter previo a la autorización
las Administraciones públicas encargadas de la vigilancia y regulación
del tráfico. El anexo III trata de las normas y condiciones
especiales de circulación de los vehículos especiales y de
los vehículos en régimen de transporte especial, lo que constituía
una laguna existente en nuestro derecho de la circulación que era
urgente regular, dada la magnitud de los accidentes que pueden sobrevenir
cuando se hallan implicados en aquellos este tipo de vehículos. También
se regula en este anexo el régimen específico de circulación
de convoyes y transportes de las Fuerzas Armadas que, por otra parte, en
muchos aspectos y bajo determinados supuestos, está sometido a acuerdos
internacionales, por lo que se hace necesario establecer una regulación
específica. Esto es posible al amparo de lo que determinan el apartado
2 de la disposición final del texto articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial y la disposición
final segunda del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Por otro lado, la pertenencia
de nuestro país a organizaciones supranacionales que aseguran una
defensa común ha impulsado la cooperación en esta materia
con otros países de nuestro entorno, de modo que con cierta frecuencia
vehículos militares de otras naciones circulan por las carreteras
españolas, especialmente con motivo de maniobras y de ejercicios
que incluyen transporte de material militar. Por último, en la disposición
final primera se hace uso de la facultad otorgada al Gobierno por la disposición
final del texto articulado de la Ley sobre el tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial para modificar conceptos básicos
de circulación y añadir definiciones a los contenidos en el
anexo de dicho texto articulado y que son complementos indispensables para
la aplicación del nuevo Reglamento de Circulación que se aprueba.
Este real decreto ha sido informado por el Consejo Superior de Tráfico
y Seguridad de la Circulación Vial. En su virtud, a propuesta de
los Ministros del Interior, de Defensa, de Fomento y de Ciencia y Tecnología,
con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 21 de noviembre de 2003,
El presente real decreto entrará en vigor al mes siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, a 21 de noviembre de 2003. JUAN CARLOS R. El Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de la Presidencia,
JAVIER
ARENAS BOCANEGRA
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